/ Segundo cuatrimestre 2025 76 reportaje Seguridad Pública En el mes de julio, el Senado mexicano aprobó un paquete legislativo que transforma el modelo de seguridad pública en el país. Desde la militarización de la Guardia Nacional hasta la protección de menores en el turismo, el nuevo marco normativo busca reforzar la coordinación institucional, la inteligencia estratégica y el respeto a los derechos humanos, aunque no sin generar polémica. Estas leyes marcan un punto de inflexión en la política de seguridad del nuevo gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum. Guardia Nacional Coincidiendo con el sexto aniversario de su creación, la Guardia Nacional ha sido oficialmente transferida a la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Con la aprobación de la nueva Ley de la Guardia Nacional, se consuma su transformación de cuerpo civil con formación policial a fuerza operativa de mando militar, bajo el control de un general de División en activo nombrado por el presidente. Esta legislación otorga nuevas atribuciones: la Guardia Nacional podrá realizar operaciones encubiertas, intervenir comunicaciones y geolocalizar personas, siempre con orden judicial. También se habilita el intercambio de información con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Consejo Nacional de Seguridad, consolidando su papel en tareas de inteligencia. Además, los elementos de este cuerpo podrán solicitar licencias para participar en procesos electorales, ampliando su margen de actuación política. La ley introduce cambios en códigos militares, régimen de ascensos y el tratamiento de faltas internas, que pasan a depender del fuero militar, mientras el servicio civil seguirá bajo el fuero federal. Estas modificaciones han generado un debate nacional sobre la militarización de la seguridad pública, cuestionando si este giro fortalece la seguridad o erosiona los principios democráticos de control civil. Seguridad Pública La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, también avalada por el Senado, articula un modelo de gobernanza más integrado para la seguridad pública, con base en la Estrategia Nacional de Seguridad 2024–2030. Su objetivo es claro: establecer reglas comunes, mejorar la colaboración entre niveles de gobierno y profesionalizar a los cuerpos de seguridad. Entre sus ejes se encuentra la creación de una Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encargada de anticipar amenazas mediante análisis estratégicos. La norma establece un Sistema Nacional de Información que unifica registros sobre armamento, detenciones, mandamientos judiciales, delitos, personal operativo y vehículos robados, entre otros. Asimismo, se potencia la certificación y formación continua mediante una Academia Nacional de Seguridad Pública, garantizando derechos laborales, pensiones y prestaciones para el personal. Por Redacción. Seguridad nacional en transformación: nuevo marco legislativo en México
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