reportaje Seguridad Pública También se establecen mecanismos de fiscalización con la Auditoría Superior de la Federación para vigilar el uso de recursos públicos. La Guardia Nacional queda formalmente incorporada en esta ley como un actor clave, asegurando su participación en mesas de coordinación operativa y conferencias de seguridad a nivel federal, estatal y municipal. Inteligencia y privacidad En cuanto a la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública, pretende reforzar la capacidad institucional del Estado para combatir el crimen organizado mediante inteligencia criminal avanzada. Uno de sus puntos más controvertidos es que autoriza el acceso directo, sin orden judicial previa, a registros biométricos, fiscales, bancarios, vehiculares y de telecomunicaciones tanto públicos como privados. Esta información será centralizada en una nueva Plataforma Central de Inteligencia, operada por el (CNI), lo que permitirá generar productos analíticos para el Ministerio Público. Se contempla además la creación de un Consejo Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública y una subsecretaría específica dentro de la SSPC, lo que refuerza la estructura operativa. Esta ley se articula con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, favoreciendo la interoperabilidad entre distintos niveles del Estado. Sin embargo, la oposición (PRI, PAN y Movimiento Ciudadano) ha manifestado su rechazo, alertando sobre una posible deriva hacia el “gobierno espía” y el debilitamiento de la privacidad ciudadana. Mientras el oficialismo defiende que se garantiza la legalidad, los críticos temen que esta norma siente las bases de un modelo de vigilancia masiva sin controles democráticos suficientes. Turismo seguro En un ámbito completamente distinto, pero igualmente crucial, se ha reformado la Ley General de Turismo con el objetivo de combatir la explotación sexual infantil en destinos turísticos. Esta reforma responde a estadísticas alarmantes: según el INEGI, más de cuatro menores son víctimas de abuso sexual cada día en México, y se calcula que 600.000 turistas sexuales visitan el país anualmente. La ley impone nuevas obligaciones a los prestadores de servicios turísticos, como la implementación de protocolos preventivos para detectar delitos contra menores en instalaciones físicas y plataformas digitales. También se exige verificar la filiación o tutela de adultos que viajen con menores, bajo riesgo de negar el servicio y notificar a las autoridades. De igual manera, se fortalece el papel institucional de la Secretaría de Turismo, que deberá coordinar acciones con el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y capacitar al sector turístico en la detección de situaciones de riesgo. Los prestadores de servicios turísticos estarán obligados a elaborar un informe anual de prevención de la trata y explotación de menores. Esta reforma representa un paso firme hacia una política de turismo responsable y transparente, donde la protección de la infancia pasa a ser un eje rector del desarrollo del sector. El nuevo marco normativo busca reforzar la coordinación institucional, la inteligencia estratégica y el respeto a los derechos humanos Segundo cuatrimestre 2025 / 77
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